El dióxido de carbono (CO2) es un gas presente de forma natural en nuestro entorno e, incluso, es indispensable para que las plantas puedan realizar correctamente la fotosíntesis. Sin embargo, las emisiones desproporcionadas y sin control que la industria, nuestros medios de transporte y nuestro estilo de vida moderno en general han hecho que este gas se convierta en una auténtica amenaza para la humanidad, en tanto que es uno de los principales contribuyentes al calentamiento global y el cambio climático.

Con el objetivo de poner coto a este despropósito, la mayoría de países del mundo acordaron poner en marcha desde 2005 el conocido como sistema de comercio de emisiones de CO2. Se trata de una herramienta de mercado que impone un tope a los niveles de dióxido de carbono en instalaciones clave como centrales eléctricas, fábricas, plantas industriales o factorías químicas. De esta forma, se otorgan permisos para una determinada cantidad de gases contaminantes que, además, tienden a reducirse con el paso del tiempo.

Gracias a este mecanismo, reza la teoría, las empresas se verían obligadas a implementar tecnologías y fuentes de alimentación más sostenibles medioambientalmente para evitar las sanciones que supone sobrepasar dichos límites. Pero el mecanismo es más complejo que todo eso, ya que al aplicarse a escala internacional y estar basado en reglas de mercado, también hay países y compañías que contaminarán menos de lo que tienen permitido.

Surge entonces un mercado de compra-venta de esos permisos de emisión para poder contaminar más CO2 del autorizado, pagando a cambio una retribución económica a la empresa que sí ha hecho los deberes. Este régimen de comercio (que se implantó por primera vez en 2005 y que afecta a 12.000 entidades) se conoce por las siglas RCDE (Régimen de Comercio de Derechos de Emisión).

De manera anual, las industrias y empresas al cargo de dichas emisiones deben demostrar que tienen permisos para emitir toda la cantidad de gases de efecto invernadero que han producido o, de lo contrario, se exponen a duras y graves sanciones económicas. El sistema tiene, por tanto, una doble lectura: sirve de salida fácil para que grandes corporaciones puedan superar sus límites de emisiones a cambio de un pago económico inferior a la potencial sanción y, al mismo tiempo, sirve de incentivo contante y sonante para que otras industrias reduzcan sus emisiones y obtengan un dinero extra de sus rivales menos avanzadas en materia medioambiental.

Además, si una corporación no llega al límite de las emisiones permitidas, puede guardar los derechos que sobran para comercializarlos con otras empresas, como hemos contado, o para utilizarlos en su favor durante otro ejercicio en el que las cuentas no cuadren y tengan un exceso de emisiones.

Tras la crisis financiera de 2008, los precios en el comercio de emisiones se devaluaron, llegando a situarse en 4 euros por tonelada de CO2 emitida. Actualmente se encuentra en 10 euros, estando aún así lejos del ideal justo que los expertos estipulan: 30 euros por tonelada de CO2 emitida. Además, los expertos en la materia opinan que un coste más alto de las emisiones equilabrarían el mercado e incentivaría el desarrollo de tecnologías menos contaminantes al no haber una brecha de inversión importante entre unas y otras.

 

El mercado de CO2 en la Unión Europea

La Unión Europea ha sido una de las grandes artífices del funcionamiento de este mercado de CO2 y desde Bruselas siempre se ha defendido que es una herramienta útil y que ayuda de manera efectiva a reducir los gases de efecto invernadero.

En la actualidad la UE se sitúa en el tercer escalón de máximos emisores de dióxido de carbono a la atmósfera. El objetivo que tiene el Viejo Continente es reducir para finales de la próxima década esta producción de gases contaminantes casi a la mitad, situando los niveles a la altura de la década de los noventa, tal y como se especifica en los Acuerdos de París.

Más recientemente, el pasado 27 de febrero, el Parlamento Europeo aprobó la reforma del sistema de comercio de emisiones de CO2 que se llevará a cabo a partir de 2021, y que afectará tanto a plantas de generación de energía e industrias pesadas como al sector de la aviación. Entre los cambios podemos encontrarnos:

  • El aumento del recorte a la cuota anual de derechos de emisión, anteriormente establecido en 1,74%, a partir de ahora estará en torno a un 2,2%, con el propósito de aumentarlo en 2024.
  • Otro de los cambios viene con el objetivo de modernizar los sistemas energéticos de aquellos países que lo requieran, con la creación de un fondo de innovación y modernización.

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