No cabe duda de que, paulatinamente, hemos tomado conciencia de la importancia de ser respetuosos con el Medio Ambiente y de movernos en él de una manera que esa constantemente medida huella de Carbono disminuya como apuesta de futuro. Precisamente porque es necesario minimizar el impacto del ser humano sobre el Planeta, iniciativas como ésta de Andalucía demuestran que, poco a poco, estamos encauzando la reducción de vertidos atmosféricos.
Porque, si todo va bien, el anteproyecto ya presentado evolucionará en Ley a lo largo del próximo año con un único objetivo: hacer de las ciudades de Andalucía unas más respetuosas. Una alineación de normas que apuestan por convertir las urbes en ciudades inteligentes en las que la eficiencia energética prime como inversión sostenible.
No es la primera vez que Andalucía despunta en ecomovilidad: hace unos meses, veíamos por qué Málaga era la ciudad más inteligente de España y cómo había adoptado medidas para el ahorro de energía. Pues bien: ese punto de partida no es más que la punta del iceberg. Porque el Gobierno andaluz ha puesto sobre la mesa una Ley específica sobre Movilidad Sostenible que pretende regular el uso del transporte privado y fomentar el empleo del público y de los medios de transporte no motorizados. Y no es para menos: según los datos del Consejo de Gobierno de Andalucía, el 61% de los desplazamientos diarios de sus nueve áreas metropolitanas se realiza en coche o en moto. Solo un 6,8% de los andaluces se desplaza en autobús y los usuarios de bicicleta en ciudad se reducen a un 1,4%.
Porcentajes casi anecdóticos comparado con el 20% y el 6% respectivamente de la media europea. De ahí que la Ley tenga expresamente un capítulo legal destinado a fomentar el uso de la bicicleta (volviendo al ejemplo de Málaga: la ciudad tiene incluso su propia semana de la movilidad sostenible para fomentar este uso) hasta el punto de que las nuevas construcciones de uso residencial que se construyan en Andalucía han de contemplar emplazamientos para un mínimo de dos bicicletas por vivienda e, incluso, que los transportes públicos cuenten con un espacio habilitado para poder transportarlas.
La intención de la normativa es clara: «abrir camino en un nuevo modelo de ciudad», contemplando en la norma diferentes escalas según el número de habitantes de cada población. De ahí que la Ley plantee deberes para todos los municipios andaluces de más de 20.000 habitantes, que han de trabajar a lo largo del próximo año en su trazado urbano para poder ofrecer calzadas reservadas al transporte público, caminos escolares seguros y vías ciclistas. Y no solo eso sino incluir planes de movilidad sostenible para núcleos de trabajo de más de 200 personas (por ejemplo, polígonos industriales, hospitales y centros de ocio) con el fin de minimizar el uso del transporte privado y apoyar el empleo del transporte público.
Y, por último, un apunte más que peculiar que podría llegar incluido en esta nueva Ley que todavía es solo anteproyecto: la construcción de nuevas infraestructuras de transporte ha de contemplar, además de su viabilidad según el coste o la demanda, sus costes externos (impacto medioambiental y nivel de contaminación atmosférica y acústica generados entre otros factores). Una auténtica declaración de intenciones que deja claro que el objetivo de Andalucía es seguir por el camino sostenible.
Fotos | Join up Taxi, Bétera
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